La política neoliberal en México y la globalización 1982- 2000 De acuerdo con la teoría política, el sistema de gobierno que se adecua a los fines de la globalización

De acuerdo con la teoría política, el sistema de gobierno que se adecua a los fines de la globalización, es el llamado Estado Neoliberal, que no es otra cosa que la implantación de políticas tendientes a llevar a buen término las expansiones y la ley de la oferta y la demanda a su más alta expresión. Es algo más que la conocida frase del dejar hacer y dejar pasar; es en síntesis hacer que pase y hacer que dejen que pase. El trasfondo de esta ideología política, es evitar y en su caso eliminar, los obstáculos que se presenten ante este fenómeno económico mundial. Dentro de sus estrategias, se encuentran el adelgazamiento del Estado, vendiendo sus empresas e incluso los servicios estatales, a manos privadas. Como lo anota Bustos Ramírez: "La idea de un estado mínimo propiciada por los neoliberales, no pasa de ser un simple lema sin contenido, ya que es mínimo en cuanto a lo social, la intervención o gasto social, pero máximo en la protección del mercado

Las ventajas de este modelo son obvias: mayor producción y mayor comercio, lo que indica mayores ingresos y mejor distribución per cápita del mismo. Pero detrás de esta utopía materialista, se esconden diversas circunstancias que la razón comunicativa aún no ha sido capaz de expandirlas y alertar sobre sus consecuencias a largo plazo, sobre todo, en los campos que no tienen relación estrecha con el económico, sino con la justicia penal. Cierto, el neoliberalismo no es sólo un Estado que protege al mercado, sino un sistema que busca controlar la ideología de sus integrantes. Como prueba de esta afirmación, expondremos el siguiente análisis:

Para nadie es un secreto que los Estados Unidos de Norte América, ha buscado por siempre, ejercer un control internacional, ya sea participando como superpolicía, como negociador en conflictos históricos, pacificador en revueltas religiosas y étnicas o como salvador de las tempestades económicas. Su afán de llevar a la práctica la Doctrina Monroe y de imponer el american way of life como único modelo de vida, lo ha llevado a diversos extremos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la reorganización de Europa fue una señal de alerta para los intereses norteamericanos. La instauración de la Guerra Fría hizo reorganizar los sistemas económicos, sociales y sobre todo, de inteligencia de nuestro vecino país del Norte. Su presencia a través de mecanismos comerciales, se sintió con fuerza en casi todo el mundo, excepto en lugares donde las figuras de Marx y Lenin, se convertían en contenedores de los embates comerciales norteamericanos.

América Latina, mientras tanto, se debatió entre las dictaduras emergidas durante la década de los 40's, con militares carentes de proyectos nacionales y con mentalidad de comarca. Eran, en consecuencia, tierra fértil para ideas extrañas y ajenas al modelo de desarrollo norteamericano. En 1947, en el vecino país del Norte se firmó la National Security Act, que contenía la Doctrina Truman, mejor conocida como la Doctrina de la Seguridad Nacional, que tendía a evitar la presencia de enemigos ideológicos que disintiere de su modelo. Dicha Acta fue el antecedente de la Oficina Central de Inteligencia (CIA), así como del National War College que posteriormente pasó a ser la Escuela de las Américas, instituto de adiestramiento militar e ideológico de los militares latinoamericanos.

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959, fue la señal de alerta para los intereses norteamericanos: de inmediato se firmaron acuerdos de Asistencia Militar para combatir la insurgencia en los países de América. Se inició una guerra psicológica para advertir de los riesgos del comunismo, lo cual, era abiertamente contrario no sólo al capitalismo, sino a la idea de Cristo arropada en un traje llamado democracia. Se alertó sobre los peligros que motivaban las exageradas libertades de los individuos. El Estado tenía que reorganizarse: declarar la ilegalidad de los partidos y organizaciones sociales dominados por las ideas del marxismo-leninismo, o proclives a su influencia. En círculos concéntricos, que se iban extendiendo cada vez más, se hacía necesaria la proscripción de partidos políticos de izquierda, sindicatos con una visión anticapitalista, federaciones estudiantiles, organizaciones culturales, colegios profesionales y otras entidades en las que las fuerzas subversivas tuvieran influencia. Los casos de San Miguel Canoa y Tlatelolco ocurridos durante 1968 en México, son muestra de ello.

Y es que aún cuando en el discurso político se nos habla de la seguridad pública, la cual entendemos como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de policía administrativa(12), en los hechos advertimos una tendencia a la instauración de un sistema de Seguridad Nacional, cuya diferencia con la Seguridad Pública estriba en que aquélla es el conjunto de condiciones políticas, económicas, militares, sociales y culturales necesarias para garantizar la soberanía, la independencia y la promoción del interés de la nación.(13) Como prueba de lo anterior tenemos el intencional descuido en que se encuentran nuestras organizaciones policiacas, de donde la corrupción y falta de preparación no han sido ni eliminada ni solucionada, tal vez porque una policía eficiente, más que defender a la sociedad, sería un estorboso vigilante de los actos del gobierno y quizá por ello se prefiera tener un aliado que un controlador. La tendencia gubernamental a reforzar sus sistemas de seguridad nacional, puede desprenderse claramente de la recién aprobada Ley que crea la Policía Federal Preventiva, misma que tendrá entre sus atribuciones, la facultad de obtener información de cualquier tipo, es decir, un servicio de inteligencia.

Esta Policía, que en breve iniciará sus funciones, no protegerá a los ciudadanos de los delitos comunes como el asalto y el homicidio, dado que su competencia es de orden federal y sus lugares de vigilancia más bien están relacionados con la protección de las instalaciones públicas. He aquí una contradicción enorme entre el discurso y los hechos.

Lo que se requiere, a la par de las medidas económicas, es la existencia de una auténtica política criminal y no de la política criminal que ha implantado el Gobierno mexicano. Mientras no exista continuidad y profesionalización en el rubro de la justicia penal, este apartado seguirá constituyendo un patio trasero de la administración pública, al que se recurrirá sólo cuando se afecten los intereses de la seguridad nacional.