El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en el centro del debate tras revelarse que 11 candidatos a la elección judicial están presuntamente vinculados con el crimen organizado. Mientras el Senado exige respuestas y una investigación a fondo, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, defiende el proceso legal asegurando que el organismo no tiene facultades para cancelar candidaturas en medio de la campaña. Esta polémica pone en juego la legitimidad del nuevo modelo de elección popular del Poder Judicial, generando incertidumbre entre votantes y expertos.

La polémica en torno a la elección judicial de 2025

El proceso electoral del Poder Judicial enfrenta su primera gran crisis pública.

La elección judicial de este año ha estado en el ojo del huracán desde que se implementó como una reforma para democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, recientes acusaciones contra algunos candidatos por presuntos vínculos con el crimen organizado han desatado una fuerte polémica.

El senador Gerardo Fernández Noroña denunció públicamente que existen al menos 11 aspirantes con supuestos nexos criminales. Esto encendió las alarmas y puso en entredicho la capacidad de los comités de evaluación y del Instituto Nacional Electoral para garantizar elecciones transparentes y confiables.

El papel del INE en la elección judicial

Guadalupe Taddei aclara que el INE no tiene autoridad para revisar o cancelar candidaturas.

Ante la presión del Senado, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró en entrevista con medios que el instituto no es responsable de seleccionar ni validar las candidaturas para este proceso extraordinario. Según explicó, esta responsabilidad recayó en comités de evaluación formados por los tres poderes de la unión, como lo establece la reforma judicial.

Taddei enfatizó que el INE únicamente recibe los listados oficiales y organiza la logística de la elección. Esto incluye tareas como la impresión de boletas —más de 600 millones—, la capacitación de funcionarios y la distribución del material electoral. De ahí que cualquier irregularidad en los perfiles no puede ser corregida por el instituto durante la campaña.

Denuncias e incertidumbre: ¿pueden votar por candidatos ligados al crimen?

El Senado exige claridad ante posibles infiltraciones del crimen organizado en la elección judicial.

Las declaraciones de Fernández Noroña no pasaron desapercibidas. El senador anunció que envió oficios a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al INE, solicitando información detallada sobre los perfiles denunciados. En sus palabras, "hay candidatos que no deberían participar".

Entre los nombres en duda se encuentran abogados defensores de narcotraficantes, según el legislador. Aunque no reveló identidades específicas, sí expresó que varios perfiles no cumplen con la probidad requerida, lo cual debería ser motivo suficiente para su exclusión.

Sin embargo, mientras no haya una resolución formal ni pruebas concluyentes, los nombres permanecerán en las boletas. Esto significa que la ciudadanía podría estar votando, sin saberlo, por personas con vínculos delictivos.

¿Qué dice la ley y qué pasará después de la votación?

La legislación actual impide actuar durante la campaña, pero permite revisiones posteriores.

De acuerdo con la consejera presidenta del INE, la Constitución es clara: la etapa de evaluación terminó con la entrega de listas oficiales por parte del Senado y sus comités. Cualquier posible impugnación o invalidación deberá ocurrir una vez terminada la jornada electoral y con base en evidencias legales.

Esto significa que si después del 1 de junio se confirma que algún candidato no cumple los requisitos de elegibilidad, el caso tendrá que ser turnado al Senado de la República y al Tribunal Electoral. Serán estas instancias las encargadas de tomar decisiones sobre la anulación de votos o la sustitución de candidatos electos.

Esta situación revela una laguna legal: no hay mecanismos claros para actuar con rapidez ante acusaciones durante el proceso. La transparencia, en consecuencia, queda comprometida y deja a los votantes con la duda de si están eligiendo a personas idóneas para ejercer justicia.

¿Qué debe hacer la ciudadanía ante esta incertidumbre?

Infórmate, compara y ejerce tu voto con conciencia: tu decisión impacta el futuro del sistema judicial.

Ante este panorama tenso y confuso, es fundamental que los votantes no se dejen llevar únicamente por nombres o campañas llamativas. Desde antesdelexamen.com, sitio que ayuda a estudiantes de preparatoria a prepararse para el examen de la universidad y también fomenta la participación ciudadana informada, recomendamos utilizar herramientas como “Conóceles, Practica y Ubica”, desarrolladas por el INE.

Este servicio permite consultar los perfiles de los candidatos, conocer sus trayectorias y especialidades —ya sea civil, penal, mercantil u otra— y ubicar la casilla más cercana. La democracia también se construye con participación informada, y en un contexto de incertidumbre, el conocimiento es poder.